El proyecto presentado es una vía libre para la continuación de la precarización laboral. Los repartidores se declararon en alerta contra el proyecto que se analiza en la Legislatura y que consideran que los perjudica.
Política - Comercio14 de julio de 2020
Colaborador
Como en anteriores ocasiones, los empleados del sector se manifestaron en plena Avenida 9 de Julio en reclamo de que las empresas les provean elementos para los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus.
No obstante, durante la movilización los repartidores se enteraron que en los próximos días podría tratarse y aprobarse una ley que impulsa el oficialismo porteño de regularización de la actividad del delivery y que rechazan al considerar que "se hizo de espaldas a los trabajadores".
"Nos acabamos de enterar que este jueves podría discutirse en la Legislatura un proyecto de (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta de regularización del trabajo y que nosotros rechazamos porque se hizo a espaldas de los trabajadores", dijo a NA Damián Zárate, delegado de los empleados de apps de delivery.
Según el trabajador, con esta ley "6.000 pibes se quedan sin laburo, ya que por ejemplo los que son de provincia no van a poder trabajar en la Ciudad" y comentó que "lo único favorable es la ART", en referencia a la cobertura que se prevé la iniciativa para accidentes de trabajo.
El mes pasado, el gobierno de la Ciudad logró obtener despacho de mayoría en la Legislatura porteña para su proyecto de ley que busca regular la actividad de repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery.
El proyecto contempla una normativa para regular el servicio de mensajería y reparto de alimentos, popularizados por apps como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats, pero no cuenta con el visto bueno de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).
Fuente: Infogremiales
La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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