Buen momento para flexibilizar

Lejos de proponer un mundo distinto, los primeros efectos que la pandemia de Covid-19 está significando para el entramado productivo argentino se expresan en la agudización de las tensiones entre trabajadores y grandes empresarios, ya preexistentes. Si no arranca la actividad en los niveles que desearían, al menos cabe sacarle provecho convirtiendo en “nueva normalidad” a las medidas dispuestas en el aislamiento que dejaron a una porción de los trabajadores englobados en “grupos de riesgo” en sus casas y que abrieron paso a un fuerte rol estatal en la inyección de recursos, el cual alcanzó su máxima expresión con el pago de la mitad de salarios del sector privado (hasta 2 salarios mínimos, $33.750) a través del ATP.

La coyuntura dada por las inevitables medidas de aislamiento para preservar la salud de la población se traducen en una paralización productiva cuasi de ficción: hay ramas enteras que en este contexto se volvieron no-esenciales, como la fabricación de autos, que anotó un “cero” en el mes de abril, y otras que evalúan minuto a minuto cuán importantes son para el funcionamiento social. El primer decreto del Poder Ejecutivo planteaba un listado de actividades esenciales que se convirtió en dudas –e idas y vueltas de audios de WhastApp entre trabajadorxs y delegadxs— por todo el cordón industrial desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe. “¿Los tubos sin costura son esenciales?”, se preguntaron desde la UOM Campana. “¿Las golosinas son alimentos, pero son esenciales?”, consultaron en una primera instancia desde el Sindicato de la Alimentación. Como la hojalata es insumo del sector alimenticio para los enlatados la ex SOMISA de San Nicolás –Siderar— siguió funcionando aunque a media máquina, y mientras tanto, 70 kilómetros río arriba por el Paraná en Acindar razonaban: “Si están habilitados los corralones de construcción, ¿nosotros que fabricamos aceros largos para la construcción, deberíamos funcionar?” En un primer momento el resguardo de la salud de los/as trabajadores/as fue el objetivo de todos los sindicatos, prácticamente sin fisuras: “Si no es esencial, no se trabaja”. Pero las predecibles presiones empresariales no se hicieron esperar, buscando “dividir por abajo” para que ir a trabajar se convierta en una demanda de los propios trabajadores/as, en un contexto donde se ponían crecientes y deliberadas dudas sobre la posibilidad de cobrar abril (cuando, en muchos casos, marzo se había cobrado sólo en primera quincena).

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Para que esas presiones no continuaran, el gobierno tomó varias decisiones, todas orientadas en el mismo sentido: prolongar el aislamiento social junto con el establecimiento de medidas que eviten daños irreversibles en el mercado de trabajo, como la destrucción de empleo. En ese objetivo, la prohibición de despidos y el salario complementario (ATP) son las dos medidas clave para el mundo registrado. Para quienes no tienen esa suerte, está el ingreso familiar de emergencia. A estas se agregó el acuerdo UIA-CGT-Gobierno que –no sin duras críticas en el mundo sindical— buscó evitar, desde la óptica del gobierno, que los acuerdos salariales para suspendidos perforaran el piso del 75% del salario bruto.

Este mix de medidas son seguramente el único amparo y marco regulatorio existente para el mundo pyme, más aún cuando su presencia se da en ramas económicas altamente afectadas, como textil, gastronómicos, pasteleros (donde están los empleados de McDonald’s), petroleros o el sinfín de pymes metalúrgicas, autopartistas y que se dedican a la fabricación de electrodomésticos en el país.

Pero, ¿cómo operan estas decisiones en fábricas de gran tamaño y grupos económicos de peso? No pareciera corresponder el mismo razonamiento cuando uno analiza este universo, y particularmente si miramos las siderúrgicas del grupo Techint y de Acindar ArcelorMittal, que tienen otra espalda económica y otra historia en materia de relaciones laborales desde la dictadura para acá y que, sobretodo, tienen enfrente a sindicatos con una fortaleza mayor para evitar los acuerdos a la baja en materia salarial. Los subsidios entregados por el Estado vía pago de salario complementario (ATP) por la mitad del neto de febrero (83% del bruto) y con mínimo de $16.875 y tope de $33.750, fueron extendidos a empresas de más de 800 trabajadorxs, lo que significó que entre el miércoles y el jueves de esta semana fueran aprobados para Tenaris Siderca y Ternium Siderar, ambos holdings integrantes de Techint y para Acindar, del grupo ArcelorMittal. Coincidiendo temporalmente, se anunció el acuerdo marco UIA-CGT para bajar a 75% el salario bruto de los suspendidos. Ambas herramientas, combinadas, reducen fuertemente el costo salarial de estas grandes empresas: por ejemplo, si Techint paga un salario bruto de $80.000, que equivale a un neto de $63.200, el Estado vía ANSES financiaría $33.200 y la empresa debería hacerse cargo del 50% restante. Pero ese restante es más chico que 50%: no son $33.200, sino que por los acuerdos para suspensiones quedaría en $19.920, sólo un 30% más hasta llegar al 80% del neto (en este caso es 80% del neto porque lo firmado en Tenaris Siderca es 5% más alto que el 75% firmado CGT-UIA).

Fue por todos conocido el caso de Techint y sus 1.450 despidos, que desató el debate público que el Presidente procuró instalar sobre la solidaridad que debía tener el poder económico en esta crisis, el cual duró pocas horas porque una porción de la sociedad estimulada por sectores de la oposición eligió hablar del esfuerzo que le correspondía a la política con un aporte salarial. Pero el capítulo siguiente al de Paolo Rocca fue la reciente amenaza de la otra gran siderúrgica emblemática de país, Acindar [1] ArcelorMittal de Villa Constitución, Santa Fe, de trasladar su producción a Brasil.

El viernes 8 de mayo el CEO de la empresa, Marcelo Marino, llamó telefónicamente al intendente de Villa Constitución. El intendente municipal, Hugo Berti, contó que el llamado fue “para decirme que en los próximos días me iba a notificar que mudarían el 50% de la producción a Brasil”. El clima se enrareció cuando medios locales de la ciudad comentaron que se trataba de disputas internas en el sindicato de la UOM seccional Villa Constitución, responsabilizando por la decisión patronal a quienes llevaban la negociación con la empresa para garantizar protocolos de higiene ante Covid-19. En paralelo, los supervisores de la empresa vienen realizando una tarea fina con los trabajadores de cada sector: se repiten llamados por teléfono “desde la confianza” para transmitir que sólo la empresa los va a defender, no el sindicato ni sus delegados.

Horas más tarde el CEO de Acindar reformuló el planteo, sugiriendo malinterpretación en el episodio. El miércoles 13 se mantuvo una reunión donde la empresa pidió «que la pandemia sea el momento para mejorar la productividad» (sic). Un integrante de la Comisión Interna resumió el listado de reivindicaciones patronales que vienen detrás de esa consigna: la empresa quiere que los grupos de riesgo que quedaron en sus casas por Covid-19 no vuelvan más para achicar la plantilla y que con la recuperación posterior de la producción aumente la relación de volumen producido por trabajador. Quiere además que se eliminen las retenciones a las exportaciones industriales (que por la caída del mercado interno hoy son el 30% de las ventas) y que esto se acompañe de subsidios al consumo de luz y gas.

Desde fines de 2018 el CEO de Acindar Argentina es Marcelo Marino. De origen brasileño, desembarcó directo desde Belo Horizonte, donde funciona la toma de decisiones regional del grupo ArcelorMittal, y desde donde, básicamente, manejan las plantas de la Argentina luego de su transnacionalización en el año 2000 (primero en un pase de manos a Belgo Mineira, y luego a ArcelorMittal en 2007). La decepción con la economía macrista llevó a los headquarters brasileños a descabezar al CEO argentino —y a las principales gerencias, como Recursos Humanos—, y desde entonces se implementa una lógica abiertamente anti-sindical, que se agudiza en pandemia. La ruptura de la negociación y la denuncia en medios locales, buscando llegar a las familias de lxs trabajadorxs, es la forma recurrente que desde hace dos años usa la empresa para embarrar la cancha.

En paralelo,  los trabajadores de Tenaris Siderca (Techint) cuentan que la empresa de Rocca propone en esta pandemia «terminar con la tercerización», jugando a la defensa de los derechos laborales. ¿Qué significa? Lo mismo que en Acindar, pero de otra forma: aumentar la productividad con menos empleo. Se buscaría achicar planteles de tercerizados vía eventuales despidos cuando termine la vigencia de los acuerdos a fin de julio (vigencia extendida por el acuerdo de UOM), a lo que cabe agregar que la responsabilidad no recaería directamente sobre Techint, sino sobre las contratistas a las cuales se les rescindirían contratos. La idea de Tenaris es que los trabajadores propios o directos absorban las tareas que hacían los contratistas. En inglés se llama insourcing. La diferencia es que no sería parte de una política de pase a planta de tercerizados (como piden delegados desde hace años) sino de eliminación de puestos y adición de tareas a los directos: más flexibilidad interna. Actualmente solamente en la planta de Campana que produce tubos sin costura los directos son 2.700, los contratistas unos 1.000 más.

La lógica de la tercerización laboral supone, como característica básica, la desresponsabilización sobre los trabajadores contratistas. Si bien existe responsabilidad solidaria, esta es ex post y difícilmente llega. Incluso así, intentaron eliminarla de la Ley de Contrato de Trabajo en la propuesta de reforma laboral de Cambiemos de 2017, modificando el artículo 30. La tercerización laboral fue desplegada desde mediados de los ’80 como parte de una estrategia del empresariado concentrado –encabezado ya en aquel entonces por Funes de Rioja— y fue especialmente desarrollada en estos grupos siderúrgicos, Acindar y Techint. Casi la mitad de los trabajadores (un 44,3%) de las tres principales plantas fabriles siderúrgicas que explican el 77% del acero crudo del país estaban en 2014 bajo un vínculo de tercerización. Es decir, no estaban empleados directamente por las empresas sino por contratistas, en peores condiciones de trabajo y menores salarios. En 1990 ese nivel de incidencia de la tercerización se había ubicado en un inicial 7,4%, llegando al 22% en el año 2001 luego de una década de reconversiones y tercerización, y alcanzando un pico en los años siguientes de posconvertibilidad hasta tocar el 50% [2].

La tercerización funciona cíclicamente, de la mano de la actividad económica. En estas fábricas, la tercerización creció en una etapa de expansión económica y productiva post 2001 y a la inversa, la tercerización laboral merma, es decir, se producen despidos de trabajadores contratistas, en etapas de recesión económica como se observó a fin de la década de los ’90 y desde 2016 a esta parte. La pandemia es otro momento para deshacerse de los que menos valen, los trabajadores “de segunda”: los tercerizados.

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ATP para Techint

“Pero si el Estado te paga el 50%, te baja las contribuciones sociales al 95% y a la vez sos una multinacional que no está radicada acá y que está exportando, ¿no vas a poner nada?”, resume un delegado de Comisión Interna con experiencia. Podríamos agregar que en el caso de Techint, su domicilio es desde 2011 Luxemburgo, país calificado como guarida fiscal por Tax Justice Network (índice de guarida fiscales corporativas) y que en este continente una serie de países (como Francia, Dinamarca, Polonia y Austria) tomaron medidas en la pandemia de castigo fiscal hacia aquellas empresas con domicilio offshore. Básicamente las dejaron afuera de los megapaquetes de asistencia europeos que ascienden a dos dígitos sobre el PBI [3].

El cobro de ATP de abril fue muy abarcador para el caso de Techint, incluyendo a gerentes, supervisores y jefes de sectores, alcanzando a 4.000 trabajadores de la fábrica de Campana. En Ternium Siderar la cifra redondeada está en unos 6.000 empleados. La transferencia de dos salarios mínimos por cada uno de los 10.000 trabajadores significa, solo en abril, $337,5 millones de pesos para las dos principales fábricas de Techint. Repitiéndose en mayo la cifra roza los $700 millones. El viernes 15 circulaba información por el WhastApp de las fábricas donde mencionaban entre sorpresa y enojo a los “planeros”, con los nombres del CEO de Ternium, del Gerente de Relaciones Industriales de Tenaris o de los jefes de acería de ambas fábricas del grupo. Todos recibiendo salario complementario.

Además, la empresa al 28 de abril ya había pagado el mes (lo cual hace presumir que estaba en condiciones de hacerlo), por lo cual informó a los trabajadores que el beneficio del ATP cobrado días más tarde se lo imputarán al salario de mayo, que estará acompañado también del 50% de ATP para ese mes. Se daría entonces el caso en el que Techint no tendría directamente que pagar salarios ese mes y, una inusitada situación no prevista en la resolución 408/200 del Ministerio de Trabajo: que le reste saldo a favor en caso de respetarse el 80% de suspensiones.

El objetivo de la generalización de ATP fue, sin lugar a dudas, ganar celeridad en la llegada de la ayuda. No demorar era central y las propias tardanzas y trabas en la implementación de los créditos bancarios que existieron en la primera etapa de anuncios durante abril abrieron un tiempo de descuento para las decisiones posteriores, como el salario complementario. Y la llegada de este keynesianismo invertido a grandes empresas, al decir de Álvaro García Linera, coincidió con el acuerdo de salarios a la baja en la industria.

El acuerdo CGT-UIA tiene una lectura que no es lineal. Sirve para poner el piso del 75% (para nada menor en casos como metalúrgicos Rama 17 que habían firmado 70%, al igual que Smata, entre otras actividades que perfilaban hacia acuerdos peores, como pasteleros, petroleros de Vaca Muerta o construcción), pero también abre la puerta para que avance la estrategia empresarial de bajar salarios, que trasciende a la pandemia. Y cuando se abre esa puerta, se corre muy peligrosamente el margen de la negociación, limitando la acción sindical de aquellas organizaciones que lograron construir con muchas dificultades un importante poder de fuego que les permitió acordar salarios por encima del promedio en tiempos difíciles, durante el macrismo. Hay sectores que se benefician de la estandarización, y sectores que no. Ante esta situación, cabe considerar que la eventual salida o flexibilización de estos subsidios (¿al ritmo de la flexibilización de la cuarentena?) podría hacerse –ahora sí, con más tiempo— evaluando sectores, y adentro de los sectores, casos.

¿Cuáles son las contradicciones hoy? Por caso, la multinacional Acindar ArcelorMittal (principal productora de acero del mundo) cobra ATP, pero su empresa tercerizada más grande, Cooperar 7 de Mayo –que hace tareas productivas o del core business en la fábrica— no tiene ningún subsidio salarial por ser cooperativa y por ende queda afuera del salario complementario y, al mismo tiempo, tampoco recibe el aporte que le correspondería de Acindar porque arbitrariamente la dejó afuera del acuerdo de suspensiones al 80%.

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Las amenazas de desvinculación (Techint) o de deslocalización (Acindar) muestran que la estrategia de golpear para negociar no es sólo adjudicable al histórico vandorismo, sino que es un recurso básico que se usa tanto de un lado como del otro. A estos primeros golpes les sucedieron nuevas formas de avanzar en mayor productividad aún en este contexto de pandemia y crisis global. Soñar con una pandemia que deje mejores condiciones ex post no es patrimonio del progresismo: es el mismo anhelo que tienen las grandes empresas en la relación capital-trabajo. El freno de mano con el decreto anti-despidos que dispuso el gobierno nacional fue fundamental para suturar una importante pérdida de empleos (el informe de CEPA así lo constata [4]), aunque no logra evitar hacia adelante que la estrategia de estas grandes siderúrgicas corra por nuevos carriles, más creativos y con menos ruido mediático.

Fuente: Cohete a la Luna