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Hidrovía: El Gobierno pone en marcha la nueva licitación y los puertos dan el visto bueno

Nación publicó el decreto que pone en marcha la nueva licitación para la concesión del dragado y balizamiento del río. A diferencia de lo anunciado por el presidente, las provincias no participarán en la conducción de la licitación.

Gobierno 30 de noviembre de 2020 Colaborador Colaborador
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“La hidrovía debe ser gobernada por las provincias”, dijo el pasado 10 de diciembre el presidente Alberto Fernández cuando viajó a la ciudad de Santa Fe para acompañar la asunción de Omar Perotti a la gobernación de la provincia.

Su definición, contundente, sorprendió. Y es que se trata de la principal obra de infraestructura logística del país cuya concesión vence en abril del 2021 y la licitación por el nuevo concesionario atrae a las dragadoras número uno del mundo. Y el cambio de contrato es una oportunidad para introducir mejoras al sistema de navegación troncal, principal vía de salida del complejo sojero, que funcionó muy bien desde su inicio a medidos de los 90 pero que claramente necesitaba un refresh de obras y diseño.

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La alternativa de “provincialización” cayó como balde de agua fría en los usuarios (puertos, cerealeras y siderúrgicas), que sostienen la tesis de “mejorar (por ejemplo bajando tarifas) el esquema, pero no cambiarlo de raíz ya que el servicio de dragado y balizamiento fue óptimo y contribuyó al desarrollo portuario privado cerealero río arriba.

Pero hubo que esperar hasta el 28 de agosto para que el presidente anunciara, en un acto en Puerto San Martín y rodeado de gobernadores, cómo sería esa “provincialización”. Según el “Acuerdo Federal por la Hidrovía” firmado ese día a la vera de río, el gobierno crearía una sociedad del Estado (manejada en un 50% por la Nación y el resto divido en partes iguales entre las provincias con frente fluvial) que administraría el sistema realizando por ejemplo la licitación del canal troncal. También se creaba un Consejo Federal de la Hidrovía integrado por Nación, provincias, empresas y sindicatos como organismo no vinculante de debate de las políticas hidroviarias.

El anuncio encendió luces amarillas en el sector privado. Por un lado, las dragadoras (europeas y chinas) preferían el esquema vigente de ser concesionarios de un servicio y cobrar directo el peaje y no convertirse en un contratista de obra pública que cobraría de la sociedad administradora por sus tareas. En esa línea, usuarios (puertos y exportadores) temían que se sume burocracia que le quite eficiencia al sistema y hasta le suba los costos, cuando  -por el contrario- lo que buscaban era bajarlos.

Si bien pasaron las semanas y el gobierno nunca consolidó el acuerdo en un “acto administrativo”, se inició un lobby privado para –sin ir con los tapones de punta- buscar que los cambios sean lo más cosméticos posibles. Diplomáticos de Europa (las principales dragadoras son belgas y holandesas) y de China también tallaron fuerte bien arriba en la Casa Rosada. 
 
Incipientes señales de que habría cambios a ese tema dejó entrever a finales de octubre el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, Abel De Manuele, cuando dijo en el XIV Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que la sociedad estatal tendría funciones de control y que se analizaba que la dragadora que gane la concesión cobre de manera directa el peaje sin intermediación de la sociedad estatal. Los dragadores internacionales, entonces, respiraron.
 
Pero este jueves, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto 949 del Ministerio de Transporte quedó bien en claro que el gobierno nacional dio un fuerte volantazo. En efecto, al convocar a la nueva licitación de la hidrovía desapareció por completo la “sociedad del Estado” como administradora y se ratificó el presente sistema que delegó en esa cartera “la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje”. En otras, palabras, seguirá siendo una licitación y concesión nacional como hasta ahora.

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El decreto tiene varios puntos importantes que, según la ronda de consultas que hizo Rosario3, tuvieron muy buena recepción para el sector privado. Primero, que haya licitación pública nacional e internacional, que se adjudique por el régimen de “concesión de obra pública por peaje”, y que la concesión será “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, esto es: sin subsidios, como lo fue en el último tiempo.
 

Otro punto importante es que de acuerdo con el artículo 1°, se autoriza a Transporte “a sustanciar más de un procedimiento de selección de concesionario en el caso de que resulte técnicamente conveniente la división en tanto tramos como sea necesario”. Eso permite, si se quiere, armar una licitación para la hidrovía cerealera, de Timbúes hacia abajo, y otra para el tramo río arriba hasta Confluencia, que puede tener un tratamiento diferencial
 
Ahora bien, como claramente no se llega a tener un nuevo concesionario para abril de 2021, cuando vence el contrato, ¿por cuánto tiempo seguirá el actual concesionario? Según la lectura que hicieron este viernes en las entidades empresarias que siguen este tema, la actual concesión seguiría un año y medio más, un plazo que les pareció razonable por lo complejo de la licitación. Puntualmente en el decreto se le da atribuciones al Ministerio de Transporte de la Nación a “adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la continuidad de la navegación de la vía navegable troncal hasta que los adjudicatarios asuman la operación de tales servicios”. Con todo, es una muy buena noticia para el actual concesionario (Hidrovía SA, que es manejada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa). Ahora bien: ¿ese plazo de yapa que tendrá cobrando peaje permitirán compensar la deuda de más 130 millones de dólares que el Estado nacional tiene con ellos por el acondicionamiento del tramo Santa Fe al norte?   
 

A todo esto. ¿Qué fue de la sociedad administradora? No figura en el decreto. Desde el gobierno comentaron a empresarios que por ahora no hay intención de “apurarla”. Es más, también desde el gobierno se desliza que la Agencia Federal Hidrovía Sociedad del Estado "sobrevendrá en normativas posteriores". Rosario3 pidió hablar con los funcionarios de Transporte sobre el tema, pero declinaron hacer declaraciones.

Que la sociedad estatal no figure fue recibido como una buena noticia en el sector privado, pero igual no bajan la guardia. Están los que estiman que podría volver reconvertida y acotada a un órgano de control (algo de lo que tampoco se dice nada en el decreto, aunque al referenciarse el decreto en la ley 17.50 de modernización de la vía navegable se lo incluye de manera indirecta ya que ahí esta contemplado) y otros que recuerdan que hasta la salida de los pliegos falta mucho y con el gobierno, apoyado en una alianza entre moderados y cristinitas puros, nunca parece estar dicha la última palabra.

De aquella acta acuerdo sí sobrevivió el Consejo Federal de la Hidrovía. Es que en el decreto dispuso que se avance en la "creación del organismo de asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión” y que deberá “asistir al Ministerio en la coordinación política y estratégica para la administración” de la concesión. Y estará conformado como se había anunciado el Ejecutivo nacional a través de representantes de los ministerios de Interior, Desarrollo Productivo y Transporte (que presidirá el CFH), y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Se espera que tenga sede en Rosario y ya están preparando una primera reunión para el mes que viene. La pregunta es: ¿el lugar de las provincias quedará tan solo en un asiento en un ente de asesoría cuyas opiniones ni son vinculantes? Muy lejos del inicio de esta historia.

Finalmente, con el decreto ya publicado, se espera ahora que se reacomeden los cargos en Transporte, una cartera conducida por Mario Meoni, y bajo el ala política de Sergio Massa. Y son massistas de pura cepa los que, todo indica, pasarán a manejar los cargos claves vinculados a la hidrovía, en una ministerio que -en un principio- acobijó funcionarios de las provincias. No en vano, se habla de una inminente salida del subsecretario de Puertos, Leonardo Cabrera, quien llegó referenciado por el gobernador de Entre Ríos. Pero, claro está, como ahora será un cargo con mucha injerencia y Massa quiere en toda la línea gente bien propia para tener el equipo totalmente alineado. Y parece que el reemplazo hace tiempo que reviste funciones en esa cartera y es del conurbano bonaerense. ¿Ni en el Ministerio quedarán entonces vestigios de esa hidrovía federal anunciada?

Fuente: Cadena 3

 
 
 
 

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