El Ministerio de Hacienda informó el viernes por la noche a través de un comunicado que llegó a un acuerdo económico por los reclamos pendientes que arrastraban desde 2002. Como parte del traspaso a la provincia y la Ciudad, se aceptó que las distribuidoras salden una deuda de 7000 millones de pesos con un compromiso de mayores obras.
Nacional - Gobierno13 de mayo de 2019
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De este modo, se destrabó el traspaso de las eléctricas a las jurisdicciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El Gobierno se limitó a informar que como saldo de esa negociación Edenor deberá incrementar sus inversiones en 4000 millones de pesos por sobre lo acordado en la última Revisión Taritaria Integral (RTI), mientras que Edesur deberá pagarle al Estado Nacional 3858 millones de pesos (unos 83 millones de dólares) y sumar obras adicionales por 3000 millones. El acuerdo promete generar polémica por el tiempo record en el que se alcanzó y porque el negociador oficial fue Juan Garade, quien fue gerente de Planificación Económica de Edenor entre 1992 y 1998 y director de Planificación, Control y Regulación de la empresa Edesur entre 2001 y 2012.
El pasado 28 de febrero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, firmaron un acta para avanzar con el traspaso de las distribuidoras a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En aquel documento se aclaró expresamente que “las partes consideran necesario que, en el marco del traspaso, se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Ejecutivo Nacional y las distribuidoras”.
Luego se los resumió en tres puntos:
a) Reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el Ejecutivo Nacional y las concesionarias en 2006, y con el correspondiente Período de Transición (entre el 6 de enero de 2002 y la RTI que entró en vigencia el 1º de febrero de 2017);
b) Reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional; y
c) Reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.
Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que era difícil precisar cuánto dinero estaba en juego luego de más de 17 años de incumplimientos cruzados, pero todos coincidieron en que la negociación llevaría tiempo si se realizaba un análisis exhaustivo.
En el Gobierno desde hace tiempo tenían la intención de darle un cierre definitivo al tema, incluso condonando parte de las deudas que las empresas mantienen con el Estado Nacional. Sin embargo, hubo quienes arriesgaron que el anuncio quedaría para después de las elecciones. No solo por el impacto que pudiera llegar a tener en el medio de la campaña electoral sino también porque sería difícil encontrar a algún funcionario dispuesto a ponerle la firma al acuerdo económico antes de octubre porque, si las elecciones marcan un revés para el gobierno de Macri, quien avaló la condonación (en el gobierno prefieren hablar de compensación) podría verse forzado a recorrer los tribunales durante largos meses.
Pese a todo, los tiempos se aceleraron y en menos de tres meses se anunció el cierre definitivo del conflicto, aunque sin dar mayores detalles sobre cómo se llegó a las cifras definitivas. Lo único que informó el Gobierno es que las deudas acumuladas por el Estado Nacional se compensan con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante Cammesa, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta, quedando un monto a favor del Estado que se saldará con más inversiones empresarias por 7000 millones de pesos y, en el caso, de Edesur, también con un pago de 3858 millones de pesos.
Además del acuerdo económico, se informó que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires acordaron la creación de un nuevo organismo de control que será denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico, que designará sus autoridades una vez que el traspaso esté refrendado en ambas jurisdicciones. “El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) continuará sus funciones de control del transporte de energía eléctrica y de agentes del mercado; y cederá el personal dedicado al seguimiento de la distribución al nuevo ente, por lo que habrá continuidad de los puestos de trabajo”, se agregó en el comunicado. Ese último párrafo llevó algo de tranquilidad a los trabajadores del ENRE que en marzo se habían declarado en estado de alerta ya que el acuerdo firmado a fines de febrero no hacía referencia a la continuidad de los puestos de trabajo.
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