Los recursos para pagar los salarios están ocultos en guaridas fiscales

La política de salud, con eje en el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), está articulada con un paquete de ayuda pública para las personas vulnerables y las empresas en dificultades por la paralización o disminución de sus actividades. Hasta el mes de abril, el Estado Nacional hizo un aporte fiscal equivalente al 1,2% del PBI ($ 351.000 millones), que se complementa con facilidades financieras (créditos para distintos sectores con tasas subsidiadas y garantías estatales) que deben ofrecer los bancos, por el equivalente a 2,1% del PBI ($ 640.000 millones), según el Banco Central. 

 
 
 
En la procura de preservar el empleo y los salarios, el gobierno dispuso, como primera medida, la prohibición de despidos durante 60 días, desde el 31 de marzo. 

 
 
Sin embargo, para mediados de abril ya había iniciados unos 100 expedientes de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de la Nación, mientras la provincia de Buenos Aires había recibido unas 500 denuncias contra empresas privadas que incumplían con el pago de haberes o avanzaban con despidos.

 
Las empresas se ampararon en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo -única opción que había dejado abierta el decreto presidencial- forzando la suspensión de los trabajadores y acordando el porcentaje que pagarían mientras dure la suspensión. Con el mismo atajo legal, avanzó el Grupo Techint, para cesantear a 1.450 trabajadores. 

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Así, durante el transcurso de la cuarentena, se presentaron ante el Ministerio de Trabajo, para su homologación, más de 120 acuerdos de suspensiones con pagos parciales, ya que, de acuerdo con la ley, los empresarios no tienen facultades para establecer rebajas salariales, ni siquiera acordando con el trabajador.

De hecho, los pactos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, refuerzan los derechos de los trabajadores, al establecer el principio de progresividad sobre los ingresos. Más allá de que, en la práctica, incrementos nominales inferiores a la inflación implican un recorte salarial real.

 
Salarios e inflación

Efecto  en el primer bimestre del año, los salarios mostraron una mejora real de 1,8%; sin embargo, en la comparación interanual, el aumento salarial (46,6%) seguía por debajo de la inflación (50,3%), por lo que los salarios ya sufrieron un recorte real entre febrero de 2019 y el mismo mes de 2020.

No obstante, las empresas avanzaron: algunas automotrices acordaron el pago del 75% del sueldo, Flybondi acordó por 90 días el pago de entre 58 y 88% del salario, las empresas petroleras impusieron una rebaja del 40%, mientras otras empresas también acordaron recortes, como autopistas de AUSA, la industria del calzado, la cámara textil donde el personal suspendido cobraría durante tres meses una suma fija entre los $17.000 y los $20.000.

 
El Sindicato de Pasteleros denunció ante el ministro de Trabajo que las firmas de comidas rápidas, como McDonald's, Burger King y Starbucks, cadenas de pizzerías y algunas franquicias de la heladería Freddo, resolvieron de manera unilateral el recorte de entre 30 y 50 por ciento. Pasteleros y otros gremios que sufrieron rebajas, como la UOM, se aferraban al artículo 8 del decreto 297, que estableció el ASPO el 19 marzo, que afirma que los trabajadores del sector privado "tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales". 

En ese contexto de tensiones, la UIA y la CGT llegaron a un acuerdo con el gobierno que fijó el tope del descuento salarial. La CGT había planteado que, dado el aporte del Estado para pagar hasta el 50% (con un máximo de 2 salarios mínimos) de los salarios de los trabajadores (decreto 376), el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores percibieran sus salarios completos.

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Pero la UIA rechazó esa propuesta, tras lo cual el ministro de Trabajo propuso definir un piso de porcentaje salarial para las suspensiones, entre el 50% que pretendían los empresarios y el 100% que defendían los gremios.

A pesar de que el reclamo de la CGT también estaba avalado por el hecho de que las empresas están recibiendo subsidios del Estado por la vía impositiva, con la suspensión del pago de contribuciones patronales, en medio de la intensificación de las negociaciones, la Central aceptó que los trabajadores percibieran el 80% del salario.

 
 
La nueva negativa de la UIA terminó por ubicar ese porcentaje en el 75%. A partir de este acuerdo las suspensiones y rebajas serán aprobadas en forma “express” en el Ministerio de Trabajo, ya que el acuerdo marco UIA- CGT lleva las firmas del ministro Moroni y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. De hecho, la Cámara de Comercio ya acordó que los trabajadores suspendidos sufrirán una rebaja de hasta el 25% en abril y mayo, mientras la Asociación de Industriales Metalúrgicos y otras cámaras, acordaron que los trabajadores cobrarán el 70% de su salario bruto (82% del neto) durante 6 meses. 

 
El recorte nominal de los salarios se suma a una inflación aun elevada, donde las empresas no ceden en los aumentos, como ocurre con los alimentos y algunos servicios (esenciales en el marco del ASPO), como la telefonía celular, internet, o la televisión por cable.

Asistencia y paraísos fiscales

Es interesante notar que la AFIP excluyó del acceso a las ayudas públicas, como ya habían hecho Dinamarca y Polonia, a las empresas radicadas en guaridas fiscales. Son públicos y notorios los casos de renombradas empresas aparecidas en numerosas denuncias e investigaciones como protagonistas de fuga de divisas y evasión fiscal, o incluso que se beneficiaron del blanqueo de Mauricio Macri sin repatriar los capitales.

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No menos cierto es que 4 años de políticas neoliberales dejaron a las Pymes que lograron sobrevivir (más de 20.000 se extinguieron) en una situación de extrema fragilidad. Es probable que esas Pymes necesiten, todavía, mayor apoyo estatal, como es seguro que lo necesitan los trabajadores y sectores populares.

 
Pero también es probable que muchas de las compañías de la cúpula empresaria, que endurecieron la negociación para recortar el salario de los trabajadores en medio de la crisis, mantengan escondidos en guaridas fiscales los recursos para pagar el 100% de los salarios, tanto como los recursos evadidos con los que el Estado podría apoyar a las Pymes para que los trabajadores no vuelvan a ser las víctimas, soportando un recorte de un cuarto de sus salarios. 

Fuente: BAE Negocios