El incremento por decisión de Alberto Fernández tendrá carácter remunerativo y se dividirá en cuotas durante el primer trimestre, será de entre $6.000 y $9.000, así lo confirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Nacional - Gobierno23 de diciembre de 2019
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El aumento salarial por decreto que otorgará el Gobierno se dividirá en tres pagos en enero, febrero y marzo, y será remunerativo, tal como había anticipado este diario. El monto, que el equipo económico sitúa entre $6.000 y $9.000 terminará de definirse esta semana con encuentros que los funcionarios mantendrán con cámaras empresarias.
La suba, planificada para integrar el salario y servir de base para la reapertura de negociaciones salariales, forma parte de una de las principales promesas de campaña de Alberto Fernández y tiene como objetivos apuntalar el poder adquisitivo sobre todo de los sectores más postergados y golpeados por el desfasaje entre la inflación y sus ajustes salariales, y dinamizar el consumo como método de reactivación de la economía.
Los negociadores del incremento explicaron que el decreto que le dará origen y sustento legal establecerá un monto único a ser fraccionado en tres partes iguales para su liquidación completa en el primer trimestre del año. Así, dijeron, será “remunerativo, progresivo y acumulativo” en alusión a la forma de computar cada pago respecto del anterior.
La otra condición, que había adelantado la semana pasada Ámbito Financiero, es que será “como anticipo de paritarias” y operará como disparador de negociaciones anticipadas en los casos en que los empleadores estuvieran en condiciones de mejorar el pago decretado. De ese modo, las actividades económicas más golpeadas deberán integrar como mínimo la suma resuelta por el Ejecutivo pero en el resto las paritarias actuarán como escenario para tomar esa base y proyectarla.
La CGT y las dos versiones de la CTA escucharon la semana pasada de boca del Gabinete nacional aspectos del aumento. Fue durante una reunión en la Casa Rosada que contó con la participación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Matías Kulfas, y del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Por el sindicalismo acudió una veintena de dirigentes entre los que se encontraban los dos co-titulares de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, y los referentes de las dos CTA, Hugo Yasky (de los Trabajadores) y Ricardo Peidró (Autónoma).
El fin de semana Moroni precisó que la medida apuntará a que “los sectores que perdieron poder adquisitivo recuperen lo más que puedan” y que el decreto será “un piso de la negociación salarial”. En una entrevista en AM 750 ratificó, de ese modo, que no habrá un congelamiento de las paritarias como el que había ideado parte de la “mesa chica” de la CGT como contraprestación por el decreto.
El ministro admitió, además, que para hacer efectivo el decreto hará falta establecer un acuerdo de precios y salarios con los empresarios. “Si la suba se traslada a precios no habrá servido de nada”, reconoció. Según Moroni en la gestión de Alberto Fernández “las políticas de precios y salarios tienen que ser convergentes”. Con ese fin los funcionarios buscarán, a partir del dictado de la norma, reunir a empresarios y a sindicalistas para definir este año un sendero para las negociaciones salariales y asegurarse que no habrá una disparada de los precios ni un “colchón” por parte de sectores con peso propio en la cadena de valor.
En el sector empresario habían manifestado voluntad para tratar de alcanzar un consenso respecto del monto decretado pero en algunos casos, como en la Unión Industrial (UIA) aclararon que el pago quedaría supeditado a que el Gobierno por su parte estableciera líneas de crédito blandas para poder afrontarlo.
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