La CGT y la CTA coincidieron en sendas presentaciones ante el área de Libertad Sindical de la OIT. Apuntaron a un accionar supuestamente sistemático con complicidad judicial y mediática.
Política - Sindicatos06 de enero de 2022
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El caso de una declamada “Gestapo” para perseguir al sindicalismo durante el gobierno de Mauricio Macri ya trepó a escala internacional mediante sendas presentaciones de la CGT y la CTA de los Trabajadores. En los dos escritos a los que tuvo acceso este diario las centrales obreras se dirigieron al área de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las maniobras evidenciadas en un video que mostró a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, en una reunión en 2017 donde organizaba junto a empresarios de la construcción, funcionarios de AFI y otros dirigentes de Cambiemos, el armado de causas para perjudicar a gremialistas.
Los textos se dirigieron a la responsable del servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales de la OIT, Karen Curtis. Ambos llevaron las firmas de los responsables de la secretaría internacional de las respectivas centrales, a su vez protagonistas de los casos denunciados aunque en roles diferentes: por la CTA de los Trabajadores lo hizo el docente bonaerense Roberto Baradel (Suteba), quien se declaró víctima de las maniobras persecutorias del gobierno de Vidal, mientras que por la CGT la presentación la hizo Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). En este último caso, el armado de causas que organizaba Villegas tenía como víctima al platense Juan Pablo “Pata” Medina, rival histórico y opositor interno de Martínez.
Las presentaciones tienen un propósito eminentemente testimonial. Buscan dejar asentado ante un foro internacional en el que la Argentina es partícipe histórico (y que tiene en Martínez y en el actual presidente de la Unión Industrial, UIA, Daniel Funes de Rioja, dos animadores con peso propio) los presuntos ataques contra la libertad sindical llevados a cabo de manera al parecer sistemática por la administración de Macri. Señalan, también, una supuesta complicidad con un sector de la Justicia (en particular, el fuero federal) y de los medios de comunicación afines a Cambiemos.
Las centrales coinciden en advertir en aquellas maniobras eventuales violaciones a dos de los convenios fundamentales de la OIT: el 87, que versa sobre “libertad sindical y protección al derecho de sindicalización”, y el 98, que avanza sobre el “derecho a sindicación y la negociación colectiva”.
La presentación de la CTA de los Trabajadores fue radicada el 30 de diciembre y fue consecuencia directa de una conferencia de prensa hecha la semana pasada por el titular de esa central, Hugo Yasky, junto con Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT aunque presente en esa instancia a título personal. La de la CGT tuvo la impronta de Martínez, como principal referente internacionalista de la organización, y se terminó de definir de un modo más reservado. De todos modos esta última cuenta con el aval y la firma de Héctor Daer, Carlos Acuña y Moyano, los tres secretarios generales electos en noviembre pasado.
La denuncia de la CTA parte del caso Medina y advierte que la misma mecánica se habría utilizado en otros como los que afectaron al propio Baradel en varias de las paritarias con el gobierno de Vidal; a Daniel Catalano, de la seccional Capital Federal de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE); a Omar Plaíni, del gremio de Canillitas, y a Pablo Moyano. A continuación remite a los dichos de Villegas en el video y acompaña artículos periodísticos que dieron cuenta del escándalo político.
La de CGT, en tanto, realiza una recorrida más pormenorizada de las acciones antisindicales atribuidas a Cambiemos con la aparente colaboración de jueces y medios de comunicación, así como de una serie de abordajes represivos de conflictos laborales. “Así, siempre a instancias del poder político y con abierta complicidad judicial, nuestros trabajadores, activistas y militantes enfrentaron un cúmulo de causas judiciales en trámite por ante la Justicia Federal que exhiben como denominador común la criminalización de la protesta social en nuestro país, la represión por parte de las fuerzas de seguridad nacional y las detenciones arbitrarias”, añade. Y destaca que “un importante número de trabajadores y dirigentes sindicales fueron sometidos a la amenaza de elevadas penas de prisión por el único motivo de asumir el protagonismo en la gestión de los conflictos laborales”.
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