Tras haber pactado rebajas en abril y prorrogar el mecanismo hasta mitad de año, las entidades patronal y gremial dejaron caer su vigencia.
Política - Sindicatos30 de octubre de 2020
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El acuerdo entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT para facilitar suspensiones con el pago del 75% del salario durante la pandemia, que luego se proyectó en varios sectores de la actividad privada, recibió un sacudón en los últimos días con un fallo judicial adverso pero para entonces ya era historia antigua para sus propios impulsores: en la segunda mitad del año, los referentes fabriles y la dirigencia sindical optaron por dejar que cayera la vigencia de ese mecanismo y su correlato normativo a cargo del Gobierno, a diferencia de otros instrumentos que la crisis del coronavirus alumbró para la contención del empleo y que permanecen activos por sucesivas renovaciones.
La herramienta había surgido en abril, semanas después del inicio de la cuarentena obligatoria, y a instancias de una negociación espontánea entre ejecutivos gremialistas. Con una vigencia inicial de dos meses recibió un espaldarazo clave cuando los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, le dieron a ese acuerdo jerarquía de resolución para que sirviera de base para las respectivas negociaciones en el ámbito privado y luego se prorrogó –en ambas versiones- por otros 60 días hasta fin de julio. Desde entonces, y a pesar de que llegó a estar firmado el borrador de una segunda prórroga, el entendimiento perdió impulso.
En el plano estrictamente económico los negociadores alegaron que la incipiente recuperación de la actividad a partir del segundo semestre, en línea con el aflojamiento de las restricciones de circulación y la ampliación de rubros en condiciones de retomar labores, le quitaba atractivo al acuerdo para suspensiones. A esa explicación se suma una de orden político: a falta de una decisión corporativa de la UIA para renovar el acuerdo, y del Ejecutivo por cobijarlo, la CGT optó por dejarlo caer para no pagar a solas el costo de una decisión impopular para su universo de representación.
El entendimiento había surgido como respuesta del sector privado al decreto 329/2020 de prohibición de los despidos y las suspensiones unilaterales. Se basaba en el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo que convalida las suspensiones con reducción salarial siempre y cuando su resolución tuviese el aval de una entidad sindical representativa y la homologación de la autoridad de aplicación gubernamental. Con esa herramienta, gremialistas y empresarios entendieron que generaban un salvoconducto para los empleadores que debieran suspender a su personal por falta de actividad y se vieran obligados a pagarles la totalidad del sueldo, como los propios decretos de Alberto Fernández habían estipulado.
A principios de agosto, cuando había vencido la primera prórroga del acuerdo y de la resolución biministerial, una nueva negociación de UIA y CGT estuvo a punto de prosperar. La sostuvieron hasta último momento Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la entidad fabril y abogado laboralista corporativo, y Federico West Ocampo, coordinador del equipo de letrados de la central obrera. El último visto bueno patronal y del Gobierno nunca llegó y el entendimiento perdió vigencia.
De ahí que la preocupación empresaria por una medida cautelar de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que ordenó a una empresa devolver los descuentos practicados a una empleada suspendida desde mayo, fue por partida doble: por un lado, por la ventana de litigiosidad que temen los empresarios a raíz de ese fallo, y por otro por la falta de un sostén normativo vigente que le daría al mecanismo, al menos, un respaldo político.
La resolución judicial se concretó ante la demanda de una empleada de la provincia de Chaco de la empresa de call centers Atento, cuyo salario neto de 21 mil pesos se había visto reducido en 20% desde el 1 de mayo. La denuncia apuntó contra un convenio suscripto entre Atento y la Federación de Empleados de Comercio (Faecys).
La cautelar, otorgada por los camaristas Luis Raffaghelli y Graciela Craig, se dictó en sentido inverso a otras dos resoluciones de otras salas del fuero laboral que juzgaron válidos los acuerdos de suspensiones en lo que va de la pandemia. Para los magistrados “el salario es una obligación estructural de la relación laboral regulada como deber del empleador” y por lo tanto “la justificación de la merma salarial, aún en las difíciles circunstancias que se viven, no resulta una carga de la trabajadora”, añadieron.
El fallo fue leído con preocupación por la UIA, que lo analizó en una reunión de esta semana a partir de una exposición de Funes de Rioja. Y fue revisado en la CGT bajo la sospecha de un supuesto influjo en el fuero del laboralista Héctor Recalde, exabogado de la central obrera en tiempos de Hugo Moyano y rival ideológico del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Fuente: Ámbito
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